Como estudiante de Humanidades tuve la suerte de que apenas me cortaron unos pocos mechones. Esa misma mañana busqué ayuda en la antigua Barbería Rex, cerca de la iglesia de San Pedro. Me recibió Chago, el dueño y le pidió a su sobrino José Joaquín Alcazar, Piquín, que me atendiera.  Me peló y disimuló los tijeretazos. Por dicha no tuve que raparme.  Desde entonces he puesto mi cabeza y mi barba en sus manos. Hemos forjado una gran amistad.

Mi barbero se independizó e instaló su “Peluquería Piquín”.  En esas hermosas sillas rojas con plateado, hidraúlicas, con cabecera, sentados y acostados, pasamos cientos de clientes que lucimos nuestras barbas, nuestros bigotes y cabelleceras recortadas con perfección.

Visitar a Piquín es más que una estupenda rasurada, es compartir las más sabrosas tertulias de temas apasionantes:  desde la política al fútbol  del amor a los hijos, del trabajo y los paseos, pero cuando hay un chisme fresco, las gozadas son irrepetibles.

Si tengo la suerte de pasar en la mañana, disfruto de la simpática tertulia de los amigos del “Club de la Paloma Muerta”,  encabezado por don Leví, don Hernán y don Carlos. Pensionados y cuenta cuentos geniales. Los chistes, las anécdotas y las revisiones geneológicas de cualquier vecino que ha caído en el asador, revelan datos insospechados que obligan a Piquín a llamar la atención del cliente: “Estese quedito porque lo puedo cortar…”.   Las carcajadas de esa tremenda cofradía de lenguas filosas, callan el ruido de las tijeras y la “peluqueada” se convierte en una experiencia fantástica, olorosa a cafecito fresco y a colonia 4711.

Hace dos años celebrábamos el cincuentenario profesional de Piquín. Con tijeras de oro, serenata con acordeón y brindis, ahí en la peluquería, con la asistencia de casi todos sus clientes: profesores universitarios, embajadores, políticos, curas, médicos, empresarios, camioneros, mecánicos, jubilados, sindicalistas, deportistas, todos amigos del viejo y sabio barbero.

El análisis caústico de las noticias políticas, judiciales y deportivas, es a diario. Las tijeras del debate siempre son tan filosas como las de Piquín.

Gracias al Altísimo.

Gracias a Sara mi gran amor  y a nuestra dulce Elenita, por su cariño sin límites.

Gracias la comunidad  JÚRISIS por su  aprecio, su lealtad y su apoyo de siempre.

Gracias a mis queridos hermanos en la gran construcción.

Gracias a Sebastián Vaquerano y Carlos Morales por su férrea amistad.

Gracias a los doctores Julio Pacheco y  Seidy Mora por su afecto y sus sabios consejos.

Gracias a los doctores Ricardo Estrada, Sebastián Vaquerano,  Grace Yung Li,  Adrián Vargas, Isaías Salas, Mario Zúñiga, y  Ana Cecilia Morales, por sus maravillosos servicios.

Gracias a todas mis amigas y mis amigos que me enviado sus bendiciones y sus mensajes de solidaridad.

Ayer recibí los resultados de mis primeros exámenes de control y afortunadamente el tratamiento ha sido exitoso y mi salud se está recuperando.

Muchas gracias

Juan Diego Castro

Es una verdad de perogruyo decir que los contribuyentes pagamos los magníficos salarios de los jueces supremos, sus autos discrecionales, sus choferes, sus viajes, sus viáticos. Todos lo sabemos.  ¿Cuántos recursos públicos fueron desperdiciados en esas reuniones infructuosas?

El viernes pasado tan ínclitos funcionarios celebraron una encerrona de reflexión en un bucólico hotel herediano.  Una especie de retiro espiritual del que algunos ingenuos pensaron que brotaría una ola de paz y concordia. Pues no. Las contradicciones se agudizan y no sabemos si trascienden lo meramente político y hay otras fracturas que impiden cualquier pacto entre damas y caballeros, compatriotas todos, interesados en el progreso de la justicia costarricense.

El espectáculo fue lamentable. Los eufemismos, el ridículo secretismo, los malabares dialécticos para ocultar la realidad a la ciudadanía, fueron surrealistas. Y tanto que hablan de transparencia y rendición de cuentas.  El lunes 13 de mayo, estaremos a cuatro días de alcanzar los tres meses desde que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia está vacante.  Se ha establecido un nuevo record magistral.

Frente a la peligrosa situación que carcome la administración de justicia, su innegable lentitud, su grave ineficacia, los tenues brotes de corrupción, el exceso de poder en manos de veintidós políticos elegidos de modo indirecto (por los diputados), es inaudito que la Corte Plena no sea capaz de elegir a su presidente…  ¿Qué fuerzas ocultas se mueven sigilosamente?

Es lamentable que no existan ideas, ni planes, ni voluntad de llegar a un pacto entre damas y caballeros, que abra la senda de la gran reforma judicial que reclama la sociedad costarricense.

Hoy más que nunca queda claro que el Estado Costarricense debe ser rediseñado y reconstruido desde sus bases.  Los tres poderes están colapsados y sus dirigentes no se dan cuenta. Ni les importa. Ni les desvela  Pesan más los mezquinos intereses polítiqueros y los egos desbordados y aturdidos por tantos años en el poder.

La Justicia de Costa Rica debe ser reformada de arriba  abajo… y muy pronto.

Tales señalamientos son intemperantes y ponen en entredicho la honorabilidad de al menos tres integrantes de esa sala, quienes fueron etiquetados, a la brava, como arbirtrarios, irracionales y oscuros.

Desde hace muchos años, sabíamos que al quedar vacante la presidencia de la Corte, los bloques políticos magistrales entrarían en choque frontal, como las placas tectónicas, liberando gran cantidad de energía y provocando terremetos en la rancia estructura de ese erosionado poder.

El primer sismo fue en un frijolar y descuartizó el andamio proselitista de don José Manuel, político de grandes habilidades y con magníficas alianzas, el  segundo y último ungido de la ya desaparecida Dinastía del Purisco.  La correlación de fuerzas se invirtió y, a pesar del lobby electoral, sucumbió y probablemente las réplicas serán más intensas y nunca logrará sentarse en la silla presidencial de la Corte.

La escogencia de otro honorable magistrado para ocupar el cargo de jefe de la sala de casación penal no tiene nada de extraño, ni mucho menos.  La costumbre, siempre, ha sido no revelar la votación, que no requiere de muchas cábalas, pues con tres votos contra dos era suficiente, como son los doce necesarios para lograr la presidencia del Poder Judicial.

Sería interesante conocer las razones y las simpatías magistrales por las que se dio el cambio, pero de ahí a afirmar que no haber votado al magistrado Arroyo para que fuera reelecto automáticamente es arbitrario, hay un mar de diferencia.

El gran fracaso del Código Procesal Penal no es factura prescrita para el candidato perdedor, quien, a pesar de los remiendos de los juicios de flagrancia y de las apelaciones, la jurisdicción penal sigue en deuda con la sociedad costarricense, especialmente, con las víctimas del hampa.

Vienen los cambios en la cúpula política judicial, ya tenemos el primero. Emergen nuevas caras con vocación de mando, como el magistrado Solís Zelaya, posible nuevo presidente de ese poder.  Doña Anabel León y doña Zarella Villanueva, dos damas de intachable trayectoria.  Y otros candidatos que se mueven de forma sutil y sin hacer el menor ruido.

En diversos foros escuchamos posiciones de quienes creen que esa conducta específica debe ser despenalizada.   Este gobierno otorgó varios indultos en agosto pasado a varias condenadas. Los fantasmas descubiertos por el magistrado Carlos Chinchilla introdujeron en el proyecto de ley de brazaletes electrónicos, su aplicación a condenadas por ese delito.

Nuestras prisiones conocidas tropicalmente como centros de atención institucional, tienen los recursos –y podrían mejorarlos- para impedir el ingreso de drogas prohibidas, prueba de esto son los casos de que hablamos y decenas más ya resueltos.  En El Buen Pastor hay muchas mujeres cumpliendo sus condenas por este delito.

Este asunto compete a la política criminal y nuestros dirigentes deberían atreverse a hablar claro. ¿Qué logra la sociedad costarricense con encarcelar tantos años a una madre, que por amor o por miedo incurrió en ese crimen?  ¿Qué pasa con los hijos de esa dama delincuente que quedan abandonados?   Al final deberíamos medir el costo social de la aplicación de esa ley y contar con estudios que permitan conocer el efecto en esos chiquitos que pasaron muchos años sin su madre y probablemente sin su padre.

El criterio,que debe regir la política criminal democrática es muy simple y claro: Cada quien debe responder plenamente por sus actuaciones.  Hay conductas antisociales que deben ser perseguidas y reprimidas por el aparato de control social, pero la determinación de las conductas prohibidas debe ser efectuada con profundo rigor e igual sensatez.

La justicia penal costarricense es una gran pantomima, que cuesta mucho dinero pagado por los contribuyentes: apenas lograr resolver una décima parte de los casos denunciados, cuando condena a un delincuente a veces no logra encarcelarlo (hay 1000 condenados a prisión en las  calles) y lo peor es que los tribunales imponen una sanción que nunca se cumple, porque el sistema penintenciario  la  reduce a la mitad o a menos.  Los políticos deberían tener las agallas de establecer penas que se cumplan completamente, de la mitad de las actuales, salvo contadas excepciones.

El gobierno o cualquier diputado puede proponer una ley que despenalice la conducta de intentar introducir droga a una cárcel. Eso si, deberá existir una norma que impida visitar prisiones por veinte años a quien atrapen desplegando esa conducta.

La asociación de la judicatura clamó públicamente por un presidente judicial probo. Parece una verdad de perogruyo, pero la dirigente de ese gremio fue contundente y muchos nos preguntamos ¿Será posible que alguno de los aspirantes a ese cargo, no sea probo?

Algunos magistrados destaparon –tímidamente- la olla de grillos y denunciaron en la prensa lo que en los pasillos tribunalicios se rumora desde hace semanas. Hay pequeños grupos magistrales que están retrasando la decisión, conspirando, presionando. Sus cábalas son simples, en veintidós votos, con doce se gana, pero aún no hay quien los sume. El poder está cuarteado y las rivalidades y resentimientos pesan. Apuestan al desgaste del adversario y a los integrantes suplentes.  Ahí nada sucede por casualidad.

La política judicial es fina y tremenda. Decenios en el poder curten a sus actores, quienes saben muy bien como moverse sigilosamente, sin parpadear, sin ningún aspaviento. Son ellos los que redactan sus leyes internas y fijan sus reglas del juego. Nada está en manos del azar. Es política destilada y espejo de la atomización partidaria imperante en el país.

Los gravísimos problemas que deterioran la justicia costarricense: su lentitud espantosa, la mediocridad de algunos funcionarios, el verticalismo burocrático, las turbias consultorías internacionales en manos de una poderosa argolla, son generados por una política judicial aislada de los intereses de la sociedad civil y producto de una estructura anacrónica de ese poder de la república.

El espectáculo judicial, con su contrapunto, su ridículo secretismo y sus torpes movidas de fichas resbalosas, impacta la conciencia nacional y confirma la decadencia política que nos hunde en el retraso y la frustración.

Por ahora, esperar y contar los meses que faltan para que haya “humo blanco” y pedirle a Dios que nos libre del continuismo y del ungido de la Dinastía del Purisco.

No pierdo la esperanza en el cambio, en la entereza y en la valentía de algunos magistrados y magistradas que actuarán conscientemente.

La coyuntura actual demuestra esta realidad. Veamos:  El gobierno -el viceministro de Paz especialmente-, promueven una reforma a la ley de armas, con disposiciones surrealistas e irresponsables. El editorial de ayer de La Prensa Libre fue lapidario. Desarmarán a los ciudadanos decentes y a las víctimas, mientras los gobernantes son incapaces de desarmar al hampa. La Defensa Pública pretende abrir un boquete en las tapias carcelarias para liberar a varios miles de condenados (hasta 6 de prisión), con aparente apoyo de un sector del gobierno. El Poder Ejecutivo retiró el proyecto para utilizar brazaletes electrónicos en imputados y sentenciados, a la espera del pronunciamiento de la Corte Plena, claramente dividida como se vió en la sesión del lunes anterior. Los anuncios oficiales pintan un panorama de grandes avances en el campo de la seguridad pública, pero guardan silencio frente a la enorme impunidad y los mil delincuentes condenados a prisión que el Poder Judicial –oculta- y no ha podido capturar. Las noticias de estos días documentaron la cantidad de asaltos que sufren los pulperos y los demás pequeños comerciantes.

Si con las normas vigentes el Estado no puede capturar a mil sentenciados y hacerlos cumplir sus penas, cómo es posible que el nefasto movimiento abolicionista de la Corte (que tantos cientos de miles de dólares ha ganado con las oscuras consultorías internacionales) pretenda liberar a miles de criminales, que volverán a las calles a atacar a la población.  Veremos si la mayoría de los magistrados se atreven a apoyar semejante despropósito legislativo.

Los brazaletes electrónicos se utilizan en varios países, en casos especiales, pero en ninguno para sacar miles de pillos de las cárceles, porque los dirigentes del Estado no entienden que primero hay que construir más prisiones.

La regulación del uso de las armas es importante, no hay duda, pero las primeras reformas jurídicas deben dirigirse a restringir la mera portación de armas sin permiso, con sanciones severas, con procedimientos rápidos, con capacitación policial para que el acopio y custodia de las pruebas sea correcto.  Con sólo sacar de circulación, por algunos años, a cualquier maleante que porte un simple “chopo” o un pequeño revólver, observaremos como disminuirá la estadística de robos.

No se trata de aumentar las penas, como ha sucedido con algunas reformas al derecho penal costarricense. Eso también es irresponsable. De todas maneras en la mímica penitenciaria criolla, un tribunal impone treinta años y el condenado cumple doce o trece, o quizá hasta menos. Todos lo sabemos. Seamos sensatos: Rebajemos a la mitad todas las penas del cartabón penológico costarricenses –salvo pocas excepciones-, pero exijamos que se cumplan cabalmente.

Mientras los partidos y los mismos dirigentes políticos, no se atrevan a diseñar y poner en marcha una política criminal (de Estado) que defina claramente:  las reglas del juego democrático entre delincuentes, víctimas y sociedad civil; la clase de justicia penal que requiere el país; las características de nuestras policías y  los objetivos del sistema sancionatorio;  veremos nada más que ocurrencias politiqueras y parchecillos legales, que en muchas ocasiones  resultan contraproducentes.

Un asunto pendiente, casi tabú, que los políticos ni mencionan:  Ya es hora que el Ministerio Público y el OIJ, así como la Defensa Pública, salgan del Poder Judicial. ¡La incubación fue suficiente!